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Opinión
06:10 AM / 07/10/2017
Sentencia política, por Hildegard Rondón de Sansó
Hildegard Rondón de Sansó
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García Pelayo, el ilustre constitucionalista y politólogo decía en un ensayo sobre el Tribunal Constitucional Español, que el mismo no quería ser ni una tercera y mucho menos, una primera Cámara Legislativa, sino que sólo pretendía cumplir con la misión de ser “en toda coyuntura el custodio de la Constitución con independencia de las partes, con independencia de los poderes, y con independencia de la popularidad”. En este párrafo se sintetiza el sentido y valor de la jurisdicción constitucional.

 En efecto, la jurisdicción constitucional en nuestro sistema, puede ejercerse en forma difusa, entendiéndose por tal la que corresponde a todos los jueces de la República que deban decidir una causa en la cual la norma legal se contradiga con una norma constitucional (artículo 20 del Código de Procedimiento Civil); o bien, cuando se solicite amparo contra la situación creada por una norma (art. 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). 
Igualmente puede manifestarse en forma concentrada El control concentrado del texto constitucional que, por el contrario, es el que se realiza sólo a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Título VIII, Cap. I, art. 334, último aparte).

 Lo anterior es el aspecto orgánico de la cuestión, el aspecto sustantivo al cual se destinan esencialmente las presentes consideraciones, aluden al carácter de las decisiones de los tribunales constitucionales. 
Ellos son tribunales políticos y sus sentencias son políticas; pero no en el sentido de decisiones politizadas, o lo que es lo mismo, parcializadas, sino que son políticas, porque todas en una forma o en otra, inciden sobre las estructuras y las orientaciones del Estado. Es política por la materia que ha de conocer y los efectos de su decisión, no porque haya de sustituir la razón del Derecho por ninguna otra.

 Estas decisiones políticas deben ser dictadas en base a esas reglas profundamente sabias que encabezan el presente artículo, que repetimos son: con independencia de las partes, que son generalmente entes territoriales; grupos económicos; partidos políticos. En segundo lugar, con independencia de los poderes, a los cuales se unen las nuevas fuerzas de nuestro tiempo: los medios de comunicación, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los grupos ecológicos. 
Finalmente, con independencia de la popularidad, esto es, del buen o mal sabor que deje en la boca de los ciudadanos la decisión justa; y, asimismo, de la buena o mala imagen que tiene el juez cuando decide.

 El tribunal constitucional cuando juzga los actos de los órganos del Estado, en su sentido global, debe tratar, como lo señala García Pelayo: “que el ejercicio de cada función estatal sea simultáneamente de una función jurídicamente configurada, de que el dinamismo, y la concurrencia de valores inherentes a la vida política se mantengan dentro de los parámetros constitucionales, y de que las tensiones y pugnas políticas, puedan ser reductibles a términos y soluciones jurídicas”. En una palabra, tiene la función de disciplinar y pacificar por vías jurídicas las pugnas políticas.

 Las recogías en el presente artículo son las reglas más sencillas pero al mismo tiempo más eficientes de la jurisdicción constitucional que, no solo figuran en el propio Texto Fundamental, sino que son siempre reiteradas por los grandes tratadistas del Derecho Constitucional.
 

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1Comentarios

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Pedro Reyes 07/10/2017 06:50 AM

Valido!. De leyes poco sé, aprendí lo que debería ser legalmente correcto. Interesante.


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