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Actualizado hace 19 minutos

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Opinión
06:28 AM / 07/08/2018
En opinión: ¡Esto es la guerra!
Ylich Carvajal Centeno ylichcarvajal@gmail.com
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El ataque con drones al presidente Nicolás Maduro no fue sólo un intento frustrado de magnicidio sino un nuevo decreto de Carmona escrito con C4. Aunque el objetivo central del atentado era por supuesto el Jefe del Estado, quién lo planificó sabe que si las cargas explosivas hubieran alcanzado la tribuna presidencial hubieran quedado “destituidos de sus cargos”, además, el Fiscal General de la República, el presidente del Tribunal Supremo y el Alto Mando Militar completo.
En todo caso, los autores materiales e intelectuales del hecho saben que hacer volar drones con C4 en una parada militar implicaba la posibilidad de matar a un indeterminado número de Guardias Nacionales que no estaban en combate sino en un desfile, que era presenciado, además, por numerosos civiles.
Los intentos de los dirigentes de oposición y en particular de los medios de comunicación de oposición de banalizar el hecho o de negarlo abiertamente, la inmediata reacción de agentes antivenezolanos como Luis Almagro no son más que la confirmación de que, lo que pudo ser una masacre terrorista sin precedentes en nuestro país, vino de entre sus correligionarios. 
Es la misma actitud de negación, banalización o justificación que la dirigencia supuestamente democrática y moderada asumió ante la decisión unilateral de los “radicales”, como ellos los llaman, de lanzarse a la violencia insurreccional de las guarimbas. Desde 2014 esos factores de ultraderecha, vinculados a los gobiernos de EEUU y Colombia, han impuesto sus decisiones unilateralmente al resto de la oposición con los resultados que todos conocemos.
Y siguen en las mismas. No aprenden porque son como el doctor Jekyll justificando al señor Hyde, al fin y al cabo, son uno solo. Uno depende del otro, uno necesita la pócima que sólo sabe el otro y por esa vía se han condenado los dos.
Sí el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien entrega hoy la jefatura del Estado vecino al presidente electo Iván Duque participó en el intento de matar al presidente Maduro, a los jefes de los Poderes Públicos venezolanos y al Alto Mando Militar de nuestro país ¡señores! eso es una declaración de guerra literalmente. 
Por eso es insólito el discurso histórico melancólico con el que el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, rechazó el atentado en el que él mismo pudo perder la vida y siete de los soldados a su mando resultaron heridos. Es admirable que un militar ame la paz, pero cuando le declaran abiertamente la guerra, incluso, cuando tratan de matarlo es mejor que le deje la diplomacia a la Cancillería. 
Hoy los venezolanos podíamos estar sumergidos en una guerra si esos drones hubieran llegado a la tribuna presidencial o la muerte colectiva de las autoridades de la República pudo haber justificado la intervención de fuerzas extranjeras en nuestro territorio, de tal forma que las fuerzas del Estado venezolano deben hacer sus máximos esfuerzos por reducir dentro y fuera del país a quienes trataron de asesinarlos y detener los intereses económicos que los financian.
Quien desde hoy es el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ganó la presidencia con una campaña antivenezolana. Su patrón, Álvaro Uribe, viene insistiendo en una intervención en Venezuela desde hace varios años. La palabra “veneco, veneca” ha alcanzado entre muchos colombianos una carga peyorativa que está más allá del insulto y todos sabemos que la estigmatización verbal precede todo acto de agresión o violencia. Hay una parte de Colombia que necesita la guerra, que se mantiene en el poder gracias a la violencia. 
Fíjese que aunque hay un Acuerdo de Paz vigente y numerosos guerrilleros, militares y policías han coincidido en apegarse a la Justicia Especial de Paz que los acuerdos de La Habana le ofrecen, siguen asesinando líderes comunitarios, persiste la amenaza de regresar a la guerra interna porque el motivo real de ella aún existe en 209 mil hectáreas de planta de coca sembradas por todo ese país.
Las autoridades de la República Bolivariana están obligados a proteger sus vidas porque de lo contrario no podrían proteger la de todos los venezolanos y venezolanas como es su deber, incluso, no podrían proteger la vida de muchos colombianos y colombianas si los violentos en ese país terminan por imponerse, se reanuda la guerra y los desplazamientos forzados y la migración masiva tocan otra vez las fronteras.
 

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