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Actualizado hace 281 minutos

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Opinión
06:10 AM / 12/10/2017
En opinión: Desconfianza a mil por segundo
Oscar Morales Economista
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Hace semanas fue publicado el Índice de Competitividad Global realizado por el Foro Económico Mundial, donde una de sus variables mide la confianza que tiene el ciudadano de sus políticos, es decir, elabora una estimación de la confianza pública en la clase política.


Los resultados arrojan que Venezuela está ubicada en el lugar 133 de los 137 países consultados. A nadie debería impresionarle este pésimo resultado, pues, nuestro sistema político tiene un bajísimo apoyo y está inundado de denuncias de corrupción por el mal uso de los fondos públicos en todos los niveles, lo cual provoca una inmensa insatisfacción con el rol de las instituciones y del gobierno en su conjunto. 


Actualmente, la confianza está desgastada y todo se vive bajo el cristal del escepticismo. No es secreto que todo lo que huela a política sufre miles de cuestionamientos. Un mar de incredulidad baña a los estándares éticos de los políticos. Con tantas acusaciones de todos los sectores por el manejo de la administración pública, es normal que la sospecha se haya alojado en la percepción ciudadana.


Para borrar esas suspicacias del proceder de los políticos no bastan proclamas incendiarias o sermones interminables. Un buen ejemplo de cómo podríamos revertir este recelo ciudadano es la iniciativa de Guatemala representada en su Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), donde el gobierno guatemalteco con el propósito de combatir las organizaciones ilegales y operaciones clandestinas, le pidió ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que investigaran de forma independiente –junto a las instituciones locales como el Ministerio Público y la Policía Nacional- casos complejos de corrupción, fraudes, ejecuciones extrajudiciales, y además sugerir recomendaciones sobre reformas legales que permitan sumar logros de justicia y construir gradualmente una cultura de legalidad en el país. 


Desde el inicio de sus actividades han desmantelado varias estructuras criminales, esquemas financieros ilegales para costear los gastos de los partidos políticos y agrupaciones enormes dedicadas a defraudar al Fisco, entre otros. De este modo, han condenado desde Presidentes hasta Directores de varias instituciones emblemáticas del Estado. Aquí los hechos han hablado por sí solos y hoy Guatemala está siendo más intolerante a las actuaciones de su dirigencia política. El cambio ha sido notorio en sus instituciones, pese a que falta mucho por hacer nadie duda que vayan por el camino correcto.


Vale recordar que estamos a las puertas de un evento electoral, en el cual el ciudadano es el protagonista con su voto. Sería propicia la ocasión para que los gobernantes electos reflexionen sobre su conducta e intenten considerar la experiencia guatemalteca para desplegar una comisión similar, tomando en cuenta sus competencias regionales, es decir, conformar una junta local investigadora contra la corrupción –valorando sus limitaciones- en colaboración con organismos multilaterales. A mi juicio, creo que varios se animarían a esta propuesta. 


Por supuesto que esto demanda un desafío gigantesco a la clase política. Y muchas cifras están demostrando que diariamente el pueblo les concede a los políticos menos margen de error o poca paciencia por sus actuaciones. La elección de nuevos cargos de votación popular es la nueva oportunidad para cambiar estas señales de desconfianza, hacer gestión pública marcando diferencias, innovar sin precedentes, delinear nuevas formas de resolver los problemas públicos, elevar la credibilidad de los gobiernos locales, inyectarle importancia a la descentralización, demostrar que vale la pena tener dirigentes más cerca resolviendo las preocupaciones ciudadanas y desvanecer el caudillismo local.

 
En síntesis, acercarse a las realidades locales con propuestas resolutivas. Si no, ya saben que el supremo cinismo es castigado tarde o temprano.

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